12,5 millones de humo: la red de calor que desafía a la justicia
Ocho años, tres sentencias judiciales, 12,5 millones de euros y cero responsables: la historia de una infraestructura que desafía a la justicia
Hay proyectos públicos que funcionan mal. Otros que se retrasan. Algunos que se encarecen. Pero pocos pueden presumir de haber sido declarados ilegales dos veces por tribunales diferentes, de haber sido ordenada su paralización tres veces, de llevar ocho años de batalla judicial, de haber costado 12,5 millones de euros de dinero público… y seguir funcionando como si nada hubiera pasado.
Bienvenidos a la Red de Calor de Ponferrada: una instalación de biomasa que según la justicia nunca debió existir, pero que hoy calienta seis edificios municipales mientras las autoridades recurren sentencias, ignoran autos judiciales y prometen ampliar el servicio a más barrios de la ciudad.
Esta es la crónica de un proyecto nacido en el pecado administrativo, criado en la opacidad burocrática y sostenido en el desafío judicial más descarado que ha visto la administración pública ponferradina en décadas.
EL GÉNESIS: CUANDO TODO ERA VERDE Y BONITO (2015-2017)
La historia comienza en noviembre de 2015, cuando el panorama era diferente. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, firmaron el acuerdo de intenciones para poner en marcha una red de calor mediante biomasa que suministraría agua caliente y calefacción a 13 edificios municipales, con una inversión inicial de 3,2 millones de euros.
El proyecto sonaba bien en todos los discursos políticos: energía renovable, aprovechamiento de recursos forestales locales, ahorro del 10-15% en costes energéticos, creación de empleo rural, reducción de emisiones. La alcaldesa Fernández Merayo habló de «entrar en la biosostenibilidad» y de «poner en valor la masa forestal del municipio». El consejero Suárez-Quiñones prometió que sería «un punto de partida» para proyectos similares en toda Castilla y León.
Lo que nadie mencionó en aquellos actos institucionales es que el proyecto iba a construirse en el barrio de Compostilla, junto al llamado «Parque de la Juventud», en un suelo que tenía un plan urbanístico muy específico que, según los vecinos, impedía ese tipo de instalaciones.
El 27 de julio de 2017, el Ayuntamiento de Ponferrada concedió la autorización inicial para la Central de Producción de Energía Térmica Urbana promovida por SOMACYL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León).
Y ahí empezó todo a torcerse.
PRIMERA SENTENCIA: ILEGAL DESDE EL PRINCIPIO (2020)
La Asociación de Vecinos de Compostilla y la ONG Bierzo Aire Limpio, representados por el despacho Cordal Abogados, no tardaron en recurrir. Denunciaron que el Ayuntamiento evitó someter el proyecto a información pública e incumplió el Plan Parcial SUD-11 (Parque de la Juventud) aprobado en 2009.
Julio de 2020: el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León dicta la primera sentencia. Es dura.
El tribunal anula todas las licencias municipales, señalando que «no consta ningún tipo de trámite ambiental y que la información pública llevada a cabo resulta notoriamente insuficiente, al igual que la publicidad del proyecto y documentación técnica».
La sentencia ordena la paralización de la construcción y el cese de la actividad. Según el fallo, la Red de Calor quedaba «en la total ilegalidad».
¿Qué hicieron el Ayuntamiento y la Junta? ¿Parar? ¿Asumir responsabilidades? ¿Revisar qué había fallado?
No. Hicieron algo mucho más español: buscar una solución creativa para seguir adelante.
EL TRUCO LEGAL: LA JUNTA SE QUITA A SÍ MISMA LA OBLIGACIÓN AMBIENTAL
Aquí viene uno de los episodios más surrealistas de toda la historia.
La sentencia de 2020 había sido clara: faltaban trámites ambientales. Así que la solución lógica habría sido… hacer esos trámites ambientales, ¿verdad?
Pues no.
La Junta de Castilla y León optó por quitarse a sí misma la obligación del trámite de evaluación ambiental. Así, sin trámite ambiental, el problema quedaba resuelto. Genial.
Mientras tanto, la construcción continuó. En diciembre de 2023, la central de biomasa entró en funcionamiento. El edificio ya estaba levantado, las tuberías ya estaban instaladas. Se habían creado hechos consumados.
El gobierno socialista de Olegario Ramón, que sustituyó en la alcaldía a Gloria Fernández Merayo, se encontró con una central construida y decidió legalizarla. Ramón reconoció que cuando su equipo llegó al gobierno, el edificio ya estaba construido, al igual que la red de tuberías hasta el polígono de las Huertas, y que buscaron «una fórmula de legalización» basándose en informes técnicos favorables.
Noviembre de 2021: la Junta de Gobierno Local, con Olegario Ramón como alcalde, autorizó provisionalmente la central.
Diciembre de 2021: se concedieron las licencias ambiental y urbanística.
Todo legal, todo correcto, todo según los informes técnicos.
O eso creían.
SEGUNDA SENTENCIA: LA JUSTICIA VUELVE A DECIR «NO» (JULIO 2025)
Los vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio no se rindieron. Volvieron a recurrir. Y en julio de 2025, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León dictó una segunda sentencia.
Si la primera fue dura, esta fue demoledora.
El tribunal anula tres acuerdos municipales: la licencia de obras, la licencia ambiental y la autorización excepcional de la planta. Y lo hace por múltiples motivos que dejan al Ayuntamiento en muy mal lugar:
1. Fraccionamiento artificial del proyecto
El Ayuntamiento optó por conceder las licencias limitando su objeto exclusivamente a la edificación de la central y excluyendo la red de calor que distribuye la energía por toda la ciudad. La sentencia concluye que «la Administración era plenamente consciente de la magnitud real del proyecto, pero decidió limitar el alcance de las licencias de forma artificial».
¿Por qué lo hicieron? Por dinero.
Este fraccionamiento supuso perdonarle a SOMACYL decenas de miles de euros del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), que se liquidó sobre el presupuesto del edificio (unos 797.000 euros), mientras que el coste total de la obra era más de 2,1 millones de euros.
Es decir: la empresa pública pagó impuestos por 797.000 euros cuando debería haber pagado por más de 2,1 millones. Un «trato de favor» que la sentencia considera ilegal.
2. Ocultación y falta de transparencia
La sentencia concluye que ha habido «una información pública deficiente, esto es, una ocultación y falta de transparencia, escondiendo ante la sociedad ponferradina el conocimiento completo del proyecto», lo que impidió una participación informada y efectiva.
Se omitió el trámite de audiencia a los interesados. A Bierzo Aire Limpio se le notificó el plazo de información pública cuando la documentación prácticamente ya había sido retirada de la web municipal.
3. Ilegalidades urbanísticas
La sentencia aprecia que se ha tratado de «consolidar por la vía de los hechos una actuación cuya cobertura urbanística integral es inexistente», pues el proyecto «implica una ocupación intensiva del dominio público local (el subsuelo de numerosas calles) para un uso privativo».
Dicha ocupación de las tuberías requería un título habilitante específico, que «no podía ser sustituido por una licencia de obras».
4. Reincidencia en la conducta infractora
Lo más grave de todo: el juzgado aprecia «una reiteración en la conducta infractora por parte de la Administración al volver a incurrir en parte de los mismos motivos que llevaron a su primera anulación en 2020».
El abogado Víctor Álvarez Bayón, del despacho Cordal, fue contundente: «Podrían incluso derivarse responsabilidades de alguno de los intervinientes».
Julio de 2025: la sentencia ordena al Ayuntamiento paralizar cualquier construcción y cesar inmediatamente toda actividad. Además, condena al Ayuntamiento en costas.
TERCERA PARALIZACIÓN: EL AUTO QUE NADIE RESPETA (NOVIEMBRE 2025)
Pero la cosa no quedó ahí. Como el Ayuntamiento y SOMACYL seguían operando la central a pesar de la sentencia de julio, los vecinos solicitaron la ejecución provisional del fallo.
4 de noviembre de 2025: el magistrado Sergio Orduña dicta un auto que no deja lugar a interpretaciones.
Ordena «al Ayuntamiento de Ponferrada que proceda al cese inmediato de cualquier actividad que se esté desarrollando en la Central de Producción de Energía Térmica con Biomasa, al amparo de las licencias anuladas».
El juez se pronuncia en términos rotundos: existe «un perjuicio consistente en la exposición de la población a un riesgo para la salud y el medio ambiente que nunca ha sido ponderado correctamente por la Administración».
Y añade algo demoledor: «Se trata de atajar la existencia misma de una instalación industrial operando sin las garantías ambientales debidas. La finalidad de la legislación de prevención ambiental es preventiva; si se permite que una instalación opere sin evaluación integral hasta que la sentencia sea firme (lo que puede demorar años), el eventual daño ambiental o a la salud ya se habrá producido, convirtiendo la tutela judicial en ilusoria».
¿Cuál fue la reacción del Ayuntamiento y la Junta?
Recurrir.
LA REACCIÓN OFICIAL: NEGACIÓN, RECURSOS Y MÁS OBRAS
La respuesta de las autoridades ha sido un ejercicio de virtuosismo en el arte de ignorar sentencias judiciales.
El Ayuntamiento de Ponferrada
El alcalde Marco Morala (PP) anunció que recurrirían el auto de paralización. Según criterios técnicos, la suspensión inmediata de la Red no podría llevarse a cabo sin afectar a los usuarios, ya que la sentencia exige que dispongan de sistemas alternativos. «Es incompatible el cierre inmediato con esta exigencia».
Morala defendió que «la red de calor es buena en todos los sentidos. Para Ponferrada, para el medioambiente, para la economía. Eliminar 200 calderas de gasoil y de gas, yo creo que para el medioambiente no es que le venga bien, es que le viene muy bien; y el ahorro energético también».
El concejal de Urbanismo, Carlos Cortina, hizo un llamamiento «a la responsabilidad para con la ciudadanía» y atribuyó la situación a «errores administrativos del anterior equipo de gobierno, encabezado por Olegario Ramón (PSOE)».
Pero hay un dato revelador: después de conocer la sentencia de julio de 2025, el Ayuntamiento continuó con las obras para extender la red de calor en la ciudad y las terminó. La concejala de Fomento, Lidia Coca, dijo que había que ser «responsables» y acabar con la intervención ya iniciada en el barrio de La Rosaleda.
Es decir: la sentencia dice «pare», y el Ayuntamiento responde «vamos a terminar las obras».
La Junta de Castilla y León
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, protagonista de esta historia desde el principio (firmó el acuerdo original en 2015 y sigue siendo consejero en 2025), ha sido igualmente contundente.
Afirmó que la sentencia «no se puede ejecutar» porque «no es firme» y será recurrida. Además, remarcó que la sentencia «no pone ninguna objeción al fondo» de la red de calor y de «sus beneficios ambientales, económicos y sociales».
Aseguró que van a «recurrir en apelación y defender la actuación para tratar de hacer ver que la tramitación es correcta».
El PSOE local
Olegario Ramón, ex alcalde socialista que concedió las licencias en 2021, reconoció su «parte de responsabilidad» pero la matizó considerablemente.
Defendió que cuando su equipo llegó al gobierno, la central ya estaba construida y varias tuberías instaladas, y que actuaron según informes técnicos favorables.
Ramón insistió en que el PP también tiene responsabilidad porque «los primeros permisos se otorgaron bajo un gobierno popular» y porque «el Partido Popular es el que da la primera ocupación y autorizó el inicio de actividad, lo cual no es un tema menor».
En cuanto a si hay que recurrir la sentencia, Ramón fue hábil: «Si creen que todo se hizo mal, no deberían recurrir. Pero si, como en su momento, votaron a favor del plan especial y de las autorizaciones, deben ser coherentes y recurrir».
LOS NÚMEROS: 12,5 MILLONES Y SEIS EDIFICIOS
Mientras políticos y jueces debaten, conviene poner las cifras sobre la mesa.
Inversión total del proyecto: 12,5 millones de euros.
Edificios conectados actualmente (según certificado del Ayuntamiento de octubre de 2025): seis edificios: Parque de Bomberos, Pabellón Lydia Valentín, Casa de la Cultura y Biblioteca Pública Valentín García Yebra, Colegio de Educación Infantil y Primaria Peñalba, Colegio de Educación Infantil y Primaria La Puebla y Colegio de Educación de Personas Adultas Ramón Carnicer.
Promesa original: 13 edificios municipales (2015), luego 2.800 viviendas y 43 edificios terciarios (2024).
Realidad actual tras 8 años y 12,5 millones: 6 edificios.
Longitud de la red actual: 8 kilómetros.
Longitud proyectada: 27 kilómetros.
Potencia instalada: 4,5 MW (con planes de ampliar a 18,5 MW).
Ahorro prometido: 10-15% en costes energéticos.
Reducción de emisiones anunciada: 8.300 toneladas CO₂/año.
Empleos creados: se prometieron 12 puestos estables, además de empleo rural para extracción de biomasa.
LOS VECINOS: OCHO AÑOS DE LUCHA DESIGUAL
Mientras tanto, los verdaderos protagonistas de esta historia son los vecinos de Compostilla y los miembros de Bierzo Aire Limpio, que llevan ocho años luchando contra dos administraciones públicas, una empresa pública autonómica, recursos millonarios y el silencio cómplice de gran parte de la clase política.
«Desde el principio ha sido una cacicada del consejero Suárez-Quiñones y de la entonces alcaldesa Gloria Fernández Merayo, que el siguiente alcalde (Olegario Ramón) consintió. Han sido ocho años de lucha desigual de la sociedad civil del Bierzo contra el Ayuntamiento de Ponferrada y contra la empresa pública SOMACYL», afirmó Bierzo Aire Limpio.
Llevamos más de siete años denunciando que esta incineradora de biomasa era ilegal y el Ayuntamiento ha optado por una huida hacia delante inadmisible», declaró la Asociación de Vecinos de Compostilla.
Marga Camba, portavoz de Bierzo Aire Limpio, señaló tras la sentencia de noviembre de 2025: «No ha habido tampoco movimiento para intentar arreglar la situación, todo lo contrario se ha mantenido en las mismas a pesar de la ejecución provisional».
Las asociaciones han pedido reiteradamente:
- La dimisión inmediata del consejero Suárez-Quiñones
- Que se deriven responsabilidades políticas y económicas
- Una auditoría del dinero público gastado en este proyecto
- Que el Banco Europeo deje de financiar lo que califican como «un sumidero de préstamos europeos»
Hasta el momento, ninguna de estas peticiones ha sido atendida.
EL BARRIO OLVIDADO: COMPOSTILLA Y EL PARQUE QUE NUNCA LLEGÓ
Hay un detalle que suele pasarse por alto en medio de este circo jurídico-administrativo: Compostilla es un barrio históricamente abandonado.
Los vecinos critican duramente la situación: «Es inadmisible que un barrio históricamente abandonado siga soportando obras ilegales cuando lo que realmente necesita es integración urbana, espacios verdes y justicia social». Además, recuerdan que existe un compromiso aprobado para ejecutar el Parque de la Juventud como compensación tras años de olvido y deterioro ambiental en la zona.
El Plan Parcial SUD-11, aprobado en 2009, preveía precisamente un Parque de la Juventud en esa zona. Dieciséis años después, en lugar de un parque, Compostilla tiene una central de biomasa declarada ilegal dos veces.
LAS PREGUNTAS INCÓMODAS
Esta historia plantea cuestiones que van mucho más allá de una red de calor:
1. ¿Quién asume responsabilidades?
Dos sentencias judiciales han declarado ilegal el proyecto. El abogado de los demandantes habla de «posibles responsabilidades» de los intervinientes. Pero hasta la fecha:
- Gloria Fernández Merayo (PP), alcaldesa que concedió los primeros permisos en 2017: sin consecuencias.
- Olegario Ramón (PSOE), alcalde que concedió las licencias en 2021: sin consecuencias.
- Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero desde 2015 hasta hoy: sin consecuencias.
- Los técnicos que emitieron informes favorables: sin consecuencias.
- SOMACYL, la empresa pública: sin consecuencias.
2. ¿Es esto malversación de fondos públicos?
12,5 millones de euros invertidos en una instalación declarada ilegal dos veces. ¿Alguien va a pedir cuentas por ese dinero? ¿Alguien va a investigar si hubo negligencia, prevaricación o algo peor?
3. ¿Por qué se puede ignorar a la justicia?
Tres resoluciones judiciales ordenando la paralización. Resultado: la central sigue funcionando y se siguen haciendo obras de ampliación. ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía? Que las sentencias judiciales son opcionales cuando afectan a proyectos de la administración pública.
4. ¿Dónde está la Fiscalía?
Una instalación operando sin garantías ambientales, riesgos para la salud señalados por un juez, reincidencia en conductas infractoras, posibles responsabilidades penales… ¿Dónde está la Fiscalía en todo esto?
5. ¿Qué pasará si la sentencia es confirmada en última instancia?
Imaginemos que dentro de dos o tres años el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la ilegalidad de la Red de Calor. Para entonces, habrá decenas de edificios conectados, millones más invertidos, infraestructura completamente desplegada. ¿Qué se hace? ¿Se desmantela todo? ¿Se indemniza a los usuarios? ¿Quién paga?
El FINAL (QUE AÚN NO HA LLEGADO)
Mientras se escribe este reportaje, la situación es la siguiente:
- La Red de Calor sigue funcionando, calentando seis edificios municipales.
- Las obras de ampliación continúan, a pesar de las sentencias.
- El Ayuntamiento y la Junta han recurrido todas las resoluciones judiciales adversas.
- Los vecinos siguen luchando, exigiendo el cumplimiento de la ley.
- SOMACYL planea invertir más dinero en ampliar la instalación.
- Nadie ha dimitido ni asumido responsabilidades políticas.
- La Fiscalía no ha intervenido.
¿Qué pasará? Probablemente el caso llegará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, luego quizá al Tribunal Supremo. Tardará años. Para entonces, la red de calor estará completamente desplegada, atendiendo a cientos de edificios y viviendas.
Y cuando finalmente haya una sentencia firme e inapelable, será «demasiado tarde» para desmantelarla. Se argumentará que hay «derechos adquiridos» de los usuarios, que el «interés general» exige mantenerla, que sería «desproporcionado» desmontarla.
La estrategia es clara: crear hechos consumados hasta que la ilegalidad se vuelva irreversible.
EPÍLOGO: LAS PALABRAS QUE NADIE QUIERE DECIR
Este reportaje terminará aquí, pero la historia continuará. Probablemente durante años. Y cuando todo acabe, de una forma u otra, hay palabras que nunca se pronunciarán en los plenos municipales, en los comunicados de la Junta, en las ruedas de prensa oficiales:
Prevaricación administrativa. Malversación de fondos. Incumplimiento de resolución judicial. Responsabilidad patrimonial. Dimisión. Depuración de responsabilidades.
Porque en Ponferrada, al parecer, se puede construir una instalaciónque ha costado hasta la fecha 12,5 millones de euros públicos, ignorar dos sentencias judiciales, burlar tres órdenes de paralización, reconocer «errores administrativos»… y que no pase absolutamente nada.
Los vecinos de Compostilla y Bierzo Aire Limpio lo resumieron mejor que nadie: «Ha sido la lucha de David contra la prepotencia del consejero de Medio Ambiente, que se cree Goliat».
El problema es que en esta historia, Goliat lleva ocho años ganando.
NOTA FINAL: Toda la información de este reportaje está basada en sentencias judiciales públicas, autos del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, comunicados oficiales del Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta de Castilla y León, y declaraciones públicas de los protagonistas. Las fuentes están disponibles para cualquier verificación.
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Hay mucha tradición de vender humo por la zona …
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