Rentería, 29 de septiembre de 1992. Son las ocho y media de la tarde. Junto a la estación, José Luis Luengos Martínez está sentado en su coche, detenido en doble fila. Tiene treinta y un años.

Nació en León y lleva unos cuatro viviendo en Guipúzcoa.

Trabaja en Elitel, subcontrata de Telefónica, junto a su hermano Javier.

Después de la jornada le espera una vida hecha de cosas pequeñas y valiosas: su familia, los paseos con Maite Castellano, regresar mañana al trabajo.

La estación sigue su curso. Se abren puertas, alguien busca su tren, otro mira el reloj. José Luis permanece dentro del vehículo. A su espalda se acercan dos miembros de ETA. Uno dispara un solo tiro en la nuca.

El estampido corta el ruido de la tarde.
Los agresores corren hacia otro coche. Un tercer hombre los espera al volante. Huyen en dirección a Lezo mientras José Luis, herido de muerte, consigue abrir la puerta del suyo.

Sale. Se pone en pie.

Durante unos segundos, su cuerpo parece empeñado en volver a la vida que acaba de perder. Da un paso. Otro.

La estación está delante de él, pero no hay lugar al que pueda llegar. Recorre unos cinco metros y cae. Según relató un familiar, antes de desplomarse alcanzó a preguntarse: «¿Por qué me han hecho esto a mí?».

Los que tenemos cierta edad recordamos aquel miedo de la sociedad española en aquellos años. Los vascos aprendieron a fijarse en los pasos que los seguían y en los coches que aparecían demasiadas veces.

Al reconstruir esta escena, pienso en la distancia que separaba a José Luis de una mano que pudiera sostenerlo. Cinco metros. Lo suficiente para que quienes estaban allí comprendieran que todavía luchaba por vivir; demasiado poco para salvarlo.

Alguien pide ayuda. Lo trasladan al Hospital General de Guipúzcoa. Muere poco después.

Para quienes lo esperaban, el tiempo se parte en dos: antes de la noticia y después de ella.

Javier pierde al hermano con quien compartía trabajo lejos de casa. Sus padres reciben la noticia en León: el hijo que había salido a ganarse la vida no volverá por sus propios medios. Maite pierde al hombre con quien paseaba y hablaba del futuro. Me pregunto cuántas veces mirarían hacia la puerta antes de aceptar que José Luis ya no podía abrirla.

Lo llevan de regreso a León dentro de un féretro. El funeral se celebra en la iglesia de la Sagrada Familia; después lo entierran en el cementerio de San Froilán. Allí la familia tiene que despedirse de él. Fuera comienzan a circular rumores capaces de hacerles daño incluso en pleno duelo. Al término del mismo, el alcalde de León, Juan Moranó (PP), reclamó la pena de muerte para los terroristas.

Se pretende relacionar a José Luis con traficantes. La Ertzaintza reconoce que no figuraba en sus ficheros de sospechosos. Se plantea también que los asesinos pudieron confundirlo con un policía cuyo coche era muy parecido al suyo: misma marca, modelo y color, y matrícula de León.

Ninguna hipótesis reduce la atrocidad. Un trabajador fue asesinado y quienes lo querían tuvieron que defender su memoria cuando apenas habían podido enterrarlo.

Llega diciembre. Se acerca la primera Navidad sin José Luis. El día 16, ETA reivindica el crimen en un comunicado difundido por Egin y lo acusa de colaborar con la Guardia Civil.

Maite rechaza la acusación. Ya había perdido a su novio; ahora escucha cómo los autores del atentado intentan justificar aquella muerte. Su respuesta contiene todo el dolor de esa segunda agresión: «Encima de que me lo matan, me lo difaman».

No hubo condena judicial por la autoría material del asesinato. Se publicó el nombre de un sospechoso, pero una sospecha no es una sentencia. Queda la imagen que ninguna explicación puede deshacer: José Luis saliendo del coche, avanzando mientras los asesinos huyen, cayendo ante una estación llena de vidas que seguían adelante.

Cinco metros separaron su último esfuerzo del lugar donde recibió el disparo. Mucho más lejos estaban León, sus padres, Javier y Maite. A ellos no pudo regresar. Y ellos tuvieron que aprender a vivir con una pregunta que José Luis dejó suspendida en aquella tarde: «¿Por qué me han hecho esto a mí?».

De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedió la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo.

Aquel atentado ha quedado, como tantos otros, impune.

Que no se olvide.

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