Asociaciones «pro-legalización de la prostitución» contra el ministerio por «sectarismo ideológico»

Diversas organizaciones que defienden la legalización de la prostitución salieron este martes a denunciar públicamente lo que consideran una maniobra del Ministerio de Igualdad para condicionar el acceso a subvenciones públicas a la aceptación de una determinada ideología, un «sectarismo ideológico».

La polémica tiene su origen en una modificación que impulsa el departamento liderado por Ana Redondo en las bases reguladoras de sus ayudas destinadas a programas contra la violencia hacia las mujeres. El cambio en cuestión dejaría fuera de esas subvenciones a cualquier entidad que no suscriba la postura abolicionista respecto a la prostitución, una condición que los colectivos críticos califican de inaceptable.

Reunidas en una rueda de prensa en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, entidades como el sindicato Otras, CATS, la Asamblea Feminista de Madrid, Alianzas Rebeldes, Red de Voces Feministas por los Derechos y Afemtras coincidieron en que esta exigencia «vulnera principios básicos que deben regular cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho».

Desde el sindicato Otras recordaron además que la prostitución no constituye ningún delito en España ni está reconocida legalmente como violencia de género, y reclamaron que las trabajadoras sexuales cuenten con los mismos derechos laborales que el resto de la clase trabajadora.

La Red de Voces Feministas por los Derechos, conformada por investigadoras académicas, aportó otro argumento de peso: no existe consenso científico internacional que avale tratar la prostitución como violencia de género de forma genérica, por lo que utilizar esa premisa como criterio administrativo para distribuir fondos públicos carece, a su juicio, de base sólida.

En conjunto, las organizaciones tildaron la propuesta ministerial de «grave e incompatible» con el pluralismo democrático, el derecho administrativo y la protección efectiva de los derechos humanos. Ante ello, exigieron que Igualdad elimine cualquier filtro ideológico en el acceso a subvenciones, garantice criterios estrictamente técnicos y objetivos, y adopte un enfoque alineado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Si la orden ministerial sale adelante en su forma actual, los colectivos advirtieron que estudiarán emprender acciones legales, al entender que la medida vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. También alertaron de un efecto práctico preocupante: la exclusión de numerosas entidades que trabajan directamente con mujeres en situación de vulnerabilidad. «No se puede apartar a las propias trabajadoras sexuales de las decisiones que afectan directamente a sus vidas», concluyeron.