Coalición por El Bierzo dice NO al endurecimiento de las zonas de bajas emisiones que el Gobierno aprobó a toda prisa el pasado 3 de noviembre, con sanciones inmediatas y sin periodos transitorios para todos los municipios de más de 50.000 habitantes, entre ellos Ponferrada.

Es una medida que volverán a pagar los de siempre. Ponferrada tiene más de 30 núcleos de población y casi cuatro de cada diez vecinos viven fuera del núcleo central. Son quienes bajan al centro para ir al médico, hacer un trámite o comprar, y para ellos el coche no es un capricho sino la única forma de llegar. Si además tenemos en cuenta que muchas familias no pueden permitirse cambiar de vehículo, el decreto lo notarán quienes menos margen tienen, mientras quienes lo firman en Madrid ni se han molestado en mirar cómo se vive aquí.

Y llega justo cuando el comercio de Ponferrada por fin levanta cabeza: más de 100 nuevos comercios en lo que va de 2026, muchos más que en todo el año anterior, y locales que llevaban años vacíos que vuelven a abrir. El Gobierno decide ahora ponerles un obstáculo delante, con las elecciones ya convocadas y a menos de un mes de votar. Hace un mes esto no corría ninguna prisa; ahora, de repente, es “extremadamente urgente”.

Ponferrada ya tenía su ZBE, la que aprobamos en 2024 PP, CB y PSOE: acceso libre al centro, restricciones solo en episodios de contaminación y sanciones graduales. Un pacto de ciudad, respaldado por el comercio, que el PSOE local votó y que ahora su propio Gobierno rompe. Esperamos que nos expliquen si están con los vecinos que les votan aquí o con lo que les llega de Madrid, aunque callar cuando conviene se les da de maravilla.

Esta ZBE, además, nació mal. La ideó el área de Urbanismo del equipo de Olegario Ramón, sin consultar a nadie más, sin estudio del impacto social ni económico y sin atender a colegios ni centros de salud, algo que CB ya advirtió en 2022 y 2023. Con ese mismo método gobernaron la ciudad. El puente Celso López Gavela tuvo que cerrarse por problemas estructurales que ponían en peligro a los peatones, tras años sin una sola actuación de mantenimiento. Las piscinas del Toralín llevan cerradas desde 2023 por graves daños estructurales y riesgo de colapso con un gran peligro para la inetgridad física de los usuarios (huebiera sido fácil habernos encontrado con un grave accidente y con víctimas en caso de colapso) según el informe técnico, y hoy se reconstruyen con más de 2,3 millones de euros. Eso es lo que dejaron mientras presumían de ZBE.

«Desde CB lo decimos claro: esta decisión corresponde al Gobierno que salga de las urnas el 29 de noviembre, y hasta entonces debe respetarse el pacto alcanzado en Ponferrada. El PSOE local tendrá que dar la cara ante vecinos y comerciantes, porque mientras nosotros queremos abrir Ponferrada, ellos parecen empeñados en cerrarla».

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