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El PSOE afronta el primer paso para dar respuesta jurídica y garantista a la muerte digna con la tramitación de la ley de la eutanasia

  • El Partido Socialista, una vez más, vuelve a ser pionero en la defensa y la promoción de los derechos sociales y de las libertades personales de la ciudadanía con una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.

El PSOE de León está comprometido con dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. Para ello, desde el Gobierno nacional, se está impulsando una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. “La Ley de eutanasia regula el derecho individual subjetivo de las personas que, sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente, pero sufren una enfermedad grave, deciden solicitar y recibir la ayuda para morir anticipadamente. La Ley de muerte digna regula los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente mediante una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas, respetando su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas”, ha diferenciado el secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón.

Por tanto, la regulación de la eutanasia supone incorporar un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía para las personas que residan en España y avanzar en la consolidación de derechos y libertades civiles.

“Creemos que es un derecho de las personas poner fin al sufrimiento con libertad y autonomía, preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones. Defendemos la vida, pero no la obligación de vivir cuando erosiona la integridad física o moral, a juicio de la persona que sufre”, ha añadido Cendón.

Por su parte, la diputada nacional Andrea Fernández, ha asegurado que se trata de una ley necesaria, porque más allá de comprometer principios y valores constitucionales como la dignidad humana o la libertad, afecta a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como el derecho a la vida y la integridad física y moral, la libertad ideológica, la libertad de conciencia y el derecho a la intimidad.

“Lo hacemos con todas las garantías éticas y de seguridad jurídica para asegurar que la decisión de la persona que solicita la eutanasia sea autónoma, informada, consciente y mantenida en el tiempo, y no debida a circunstancias que tuvieran más que ver con una falta de condiciones dignas, médicas, sociales, o familiares. Voluntad que ha de ser fruto de un adecuado proceso de deliberación con su médico personal, y validado por otros profesionales, según regula la ley”, ha apuntado Andrea Fernández.

“Se trata de que todo el proceso esté sujeto a garantías jurídicas y sanitarias suficientes tanto para la persona que lo solicita, como para los profesionales sanitarios implicados”, ha añadido.

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