Gas Radón en los Juzgados de Ponferrada e Igüeña
- La denuncia de CCOO al Ministerio de Justicia
CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección Central de Trabajo contra el Ministerio de Justicia por no haber realizado las mediciones obligatorias de gas radón en centros de trabajo de la Administración de Justicia situados en municipios considerados de actuación prioritaria. Entre las localidades afectadas se encuentran Ponferrada, Astorga, Igüeña y Encinedo, en la provincia de León.
¿Qué es el gas radón y por qué es tan peligroso?
El radón es un gas radiactivo de origen natural que puede acumularse en espacios cerrados. La Organización Mundial de la Salud lo considera la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo. Se trata, por tanto, de un riesgo silencioso e invisible, especialmente en edificios con plantas bajas o sótanos, como los juzgados.
¿Quiénes son los afectados en la comarca?
Los números son concretos y preocupantes. En Igüeña y Encinedo se trata de Oficinas de Justicia con dos trabajadores en cada caso. En Astorga el centro afectado es el Tribunal de Instancia y Registro Civil, con 16 trabajadores. En Ponferrada se incluyen dependencias de la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y el Tribunal de Instancia y Registro Civil, donde el personal afectado asciende a 139 trabajadores. En total, estos centros de la provincia de León suman 159 trabajadores potencialmente expuestos.
¿Cuándo empezó todo?
El origen de la denuncia se sitúa en la publicación en el BOE del 1 de mayo de 2025 de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que aprueba el listado de municipios de actuación prioritaria frente al radón y fija directrices para realizar mediciones en centros de trabajo ubicados en plantas bajas o bajo rasante. Tras esa publicación, CCOO solicitó al Ministerio de Justicia, el 9 de mayo de 2025, que instalara de manera inmediata medidores en todos los centros afectados.
¿Qué respondió el Ministerio?
La respuesta del ministerio, recibida el 21 de mayo, señalaba que estaba en disposición de estimar el promedio anual de concentración de radón, pero también indicaba que no disponía de medios materiales ni humanos para llevar a cabo directamente las mediciones, por lo que preveía tramitar una licitación para contratar a un servicio de prevención ajeno.
¿Y qué ha pasado desde entonces?
Nada. Transcurrido con creces el plazo de seis meses fijado por la normativa, no se han instalado medidores en ninguno de los centros de trabajo ni se ha comunicado resultado alguno a los delegados de prevención.
¿Qué exige CCOO ahora?
Ante la gravedad de la pasividad ministerial, CCOO no solo exige el inicio inmediato de las mediciones, sino que ha solicitado a la Inspección de Trabajo que, si se considera necesario para garantizar la seguridad del personal, se acuerde la suspensión de la actividad laboral en las sedes afectadas hasta que se descarte el riesgo de cáncer.
