La Diputación habilita una línea de ayudas para instalar desfibriladores en instalaciones deportivas municipales

La Diputación habilita una línea de ayudas para instalar desfibriladores en instalaciones deportivas municipales

La institución provincial destina 400.000 euros a financiar la adquisición e instalación de estos equipos por parte de ayuntamientos y juntas vecinales 

El área de Deportes de la Diputación de León, que dirige la diputada Susana Folla, ha habilitado una nueva línea de ayudas dirigida a financiar la adquisición e instalación de desfibriladores en instalaciones deportivas de ayuntamientos y juntas vecinales de municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. Este lunes se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la convocatoria y las bases que regulan estas subvenciones que cuentan con una dotación de 400.000 euros.

El objetivo es financiar la adquisición e instalación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) y el curso de técnicas de uso en instalaciones deportivas y espacios deportivos convencionales de entidades locales para convertirlos en espacios cardio protegidos, con elementos necesarios para asistir a una persona en los primeros minutos tras una parada cardíaca y conseguir intervención adecuada y precoz a través de una correcta resucitación cardiopulmonar (RCP).

Cada entidad local beneficiaria accederá directamente a una ayuda lineal de 1.500 euros, sin que en ningún caso se pueda superar el 90% del coste, y sólo se subvencionará un desfibrilador por cada entidad local solicitante.

Se consideran gastos subvencionables los de adquisición del desfibrilador, instalación, mantenimiento y los gastos de formación en el uso de los desfibriladores por personal no sanitario. Son objeto de esta subvención los DESA adquiridos entre enero y septiembre de este año. El plazo para solicitar estas ayudas se abre este martes y se prolongará hasta el 5 de junio.

Esta iniciativa se enmarca en ‘León Sostenible’, el sello de calidad de la Diputación de León que distingue las políticas y acciones provinciales coincidentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) recogidos en la Agenda 2030, que, a su vez, generan un impacto social y medioambiental positivo en el mundo rural, contribuyendo así a su desarrollo.

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