La Guardia Civil investiga a 20 personas como responsables de centros autorizados de tratamiento de vehículos (CAT) por irregularidades en la gestión de los gases de efecto invernadero

La Guardia Civil investiga a 20 personas como responsables de centros autorizados de tratamiento de vehículos (CAT) por irregularidades en la gestión de los gases de efecto invernadero

• La operación “LEOCAT” ha permitido detectar el tratamiento incorrecto de gases fluorados usados en los circuitos de los aires acondicionados de los vehículos en un total de 13 empresas 

• Son investigadas 20 personas por supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Efectivos del equipo del SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de León han finalizado el desarrollo de la operación LEOCAT, la cual se inició en el mes de marzo con la inspección en un centro autorizado de tratamiento (CAT) de la provincia de León, en la que se detectaron irregularidades, tanto en la gestión física como documental, de los gases fluorados contenidos en los sistemas de aire acondicionado de los vehículos fuera de uso (VFVU). A la vista de las deficiencias observadas se inició una investigación más exhaustiva, con la inspección de todos los CAT de la provincia, observando irregularidades en un total de 13 empresas, por lo que se procede a la investigación de los responsables de las mismas.

Emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera:

De las gestiones realizadas por el equipo del SEPRONA de León se ha determinado que los Centros Autorizados de Tratamiento de Vehículos (CAT)

no estaban gestionando correctamente los gases de los circuitos de aire acondicionado de los vehículos destinados a desguace. Así, al final de la vida útil de un vehículo, estos deben ser recuperados y acumulados en unas bombonas específicas para su almacenaje, comunicándose dichos datos a través de una memoria ambiental a la Autoridad competente en materia de residuos de la Comunidad Autónoma, tanto la cantidad recuperada como el destino y gestión que se le dan a dichos residuos.

Las investigaciones llevadas a cabo han permitido determinar que existía un desfase entre la cantidad declarada y la que debería de haberlo sido recuperada. Estos tipos de gases, CFCs, HCFCs, HFC (R134a-tetrafluoroetano), PFC y el SF6; por su tipología y composición pueden afectar gravemente a la capa de Ozono o aumentar la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, lo que favorece el calentamiento global. Hay que tener en cuenta que estas sustancias permanecen hasta cientos de años sin degradarse. Por esta razón, desde hace años se ha ido restringiendo su uso con el objeto de disminuir su utilización y evitar su impacto nocivo contra el medio ambiente.

Al finalizar la vida útil de los vehículos equipados con sistemas de aire acondicionado que emplean los fluidos refrigerantes contenidos en el interior de sus circuitos deben de ser recuperados y gestionados correctamente según la legislación vigente; siendo el CAT, por su consideración de residuo peligroso, el encargado de entregarlos a un gestor autorizado de residuos, en un plazo no superior a seis meses. La normativa actual promueve la reutilización de este tipo de gases siempre que sea viable, debiendo de ser extraídos de forma controlada e independiente (no mezclando gases de diferente naturaleza), empleando equipos específicos y almacenándolos en botellas homologadas y cumpliendo con el etiquetado pertinente. Su extracción se lleva a cabo empleando maquinaria homologada destinada a realizar una correcta recuperación siendo necesario en este caso contar con una formación técnica acreditada mediante certificación profesional que faculte a aquellas personas que vayan a realizar la misma.

13 empresas y 20 personas investigadas en la provincia: 

Para el desarrollo de la investigación, se ha contado con información de la Jefatura Provincial de Tráfico de León y del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, con las que se han elaborado los correspondientes informes periciales por la Unidad Técnica de la Unidad

Central Operativa de Medio Ambiente de Madrid (UCOMA), realizando el control de casi 40.000 vehículos dados de baja entre los años 2019 y 2022.

Los informes periciales determinan unas emisiones que podrían haber alcanzado las 15.621 toneladas de CO2. La gravedad de estas emisiones radica en el hecho de que este tipo de gases incrementa el daño ya existente en la atmósfera, haciendo que aumente la temperatura del planeta y la destrucción de la capa de Ozono.

Después de 7 meses de investigación se ha detectado que 13 centros de tratamiento de vehículos no cumplían con las normas establecidas, lo que ha dado lugar a que se tome declaración en calidad de investigados a 20 personas como presuntas autoras de un delito contra el medio ambiente. Asimismo, se han descubierto irregularidades de ámbito administrativo por diferentes conceptos, las cuales serán denunciadas ante la autoridad competente.

Las personas investigadas y las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de los Juzgados de Guardia del partido judicial correspondiente.

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