Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha admitido en la mañana de este jueves que desde la Junta están buscando algún resquicio legal que permita implantar el llamado pasaporte Covid.
De esta manera, afirmó que está en fase de consulta a algo llamado “comité de expertos” para que sean estos los que decidan si se debe implantar o no.
En caso afirmativo, desde la Junta pasarán esa obligatoriedad a los servicios jurídicos, que serán los encargados de rebuscar algún resquicio legal para poder implantarlo.
Según los antecedentes de la Junta, gobernada por el PP en coalición con Ciudadanos, no sería de extrañar que lo impusieran “a las bravas” como ya han demostrado que les gusta hacer, hasta que alguien les denuncie y un juez ordene dejarlo sin efecto, lo que significaría una nueva discriminación para los ciudadanos como ya sucedió, por ejemplo, con el confinamiento horario a las 20 horas, ya que les advirtieron en numerosas ocasiones que no era legal pero, aún así, lo impusieron hasta que un juez les obligó a quitarlo.
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