La «trama eólica de Castilla y León» y sus ramificaciones bercianas
La «trama eólica de Castilla y León» y sus ramificaciones bercianas
La trama eólica es el mayor caso de corrupción que ha vivido Castilla y León hasta el momento. Presuntamente duró 15 años —entre 2000 y 2015— y supuso mordidas cifradas en unos 75 millones de euros que se repartieron entre empresarios y ex altos cargos del gobierno autonómico durante la etapa del popular Juan Vicente Herrera.
El caso se destapó por el informe que elaboró un inspector de la Agencia Tributaria, que detectó el fraude de los impuestos de sociedades de varias empresas que obtuvieron comisiones millonarias tras aliarse con compañías eléctricas para promover parques eólicos. Este inspector solicitó auxilio en dos ocasiones a sus superiores, algo que ignoró la Hacienda autonómica, hasta que el caso llegó a la Fiscalía Anticorrupción.
¿En qué consistía el fraude?
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama se inició en 2003, cuando la Consejería de Economía estableció un modelo para controlar las licencias eólicas que obligaba a las grandes empresas a asociarse con compañías locales, que después revendían sus participaciones a precios inflados.
El principal acusado: Rafael Delgado
El principal encausado es Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía entre 2003 y 2007, cuya intervención en los procesos de adjudicación de parques eólicos fue «determinante» para la consecución de los fines ilícitos del entramado, según la Fiscalía. Según la investigación, Delgado movió dinero en Suiza, usó empresas pantalla en Panamá y pagó en metálico coches de lujo y un chalé en Comillas.
La Fiscalía Anticorrupción solicita un conjunto de penas que suman 138 años de cárcel para los dieciséis encausados, con multas que superan los 848 millones de euros por delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, extorsión y cohecho. Para Delgado en concreto, la Fiscalía pide 42 años de cárcel y 239 millones de euros de multa.
El macrojuicio (septiembre 2025 – enero 2026)
El juicio contó con 14 acusados —entre ellos tres exaltos cargos de la Junta y once empresarios— y se prolongó hasta enero de 2026 en más de 43 sesiones, con 84 testigos y 19 peritos.
En julio, el Tribunal Supremo dio la razón al también acusado Alberto Esgueva, considerando que la primera inspección que dio origen a la investigación judicial no es válida por haberse realizado desde Valladolid y no desde Madrid, donde sus empresas tenían la sede fiscal. Esto le libra de pagar más de 20 millones en impuestos y le da un arma para intentar tumbar todo el procedimiento.
La conexión con Ponferrada: el caso Ciuden
En paralelo, un juzgado de Ponferrada abrió una investigación por la vía penal tras la denuncia de un ex asesor jurídico de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), que considera que se produjeron presuntas ilegalidades en la adjudicación de contratos menores por valor global de más de 2,5 millones de euros.
Los parlamentarios leoneses del PP han registrado preguntas en el Congreso y el Senado para aclarar si el Gobierno central tenía conocimiento previo de estas presuntas irregularidades y qué actuaciones prevé realizar. También reclaman información detallada sobre los contratos del programa Dinamiz-ARTj desde el año 2020 y si se han detectado indicios de fraccionamiento contractual.
El debate político de cara a las elecciones del 15 de marzo
El candidato socialista Carlos Martínez criticó la reacción «selectiva» del presidente Mañueco, que se apresuró a calificar de «hechos gravísimos» la investigación de Ciuden, pero nunca ha hecho «la más mínima mención» a la trama eólica, que afecta a antiguos altos cargos de su propio partido y acumula cifras «escandalosas», con cientos de millones de euros en sanciones y penas que podrían sumar cientos de años de prisión.
Las cifras del caso
Las peticiones de pena, tras la exclusión de dos imputados, quedan en 123,5 años de cárcel y multas por valor de 850 millones de euros. El desglose de los principales acusados es el siguiente:
- Rafael Delgado (exviceconsejero): 42 años de cárcel y multa de 239 millones de euros como cabecilla de la trama, al dictado del entonces consejero Tomás Villanueva, ya fallecido.
- Ricardo Bravo (Ibercyl-Iberdrola): 6 años y 100 millones de multa.
- Pedro Barriuso (Biovent): 6 años y 100 millones de multa.
- Francisco Esgueva: 6 años y 60 millones de multa.
- Hermanos Llorente (Collosa): 6 años y 45 millones de multa.
En resumen, se trata de un escándalo de corrupción de enorme magnitud que lleva décadas sin resolverse, con un macrojuicio recién concluido cuya sentencia está por llegar, y que está en el centro del debate político en plena precampaña electoral autonómica en Castilla y León. El Bierzo aparece en el centro de la polémica tanto por la investigación en Ponferrada (Ciuden) como por el impacto territorial del modelo de concesión de parques eólicos.
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