Los regantes del Canal Bajo, enfadados
El origen del problema: 70 años de toleranciaDurante años, las aguas pluviales recogidas en la Autovía A-6 y la N-VI a la altura del barrio de Compostilla, así como las aguas urbanas del propio barrio, fueron desviadas hacia el canal de riego gestionado por los regantes. Sin embargo, estas aguas no son necesarias para el sistema agrícola ni son competencia de la comunidad de regantes — esa derivación fue decidida exclusivamente por las administraciones responsables. A lo largo de este periodo, los agricultores asumieron los efectos negativos: acumulación de suciedad que provoca obstrucciones en acequias, filtros y sistemas de riego.
Humberto Merayo, responsable del Canal Bajo del Bierzo, lo resume así: «durante años las aguas pluviales de la A-6 y la N-VI fueron derivadas al canal sin ser aguas que los regantes necesitaran, y por decisión exclusiva de esas administraciones. Bastante hacemos que llevamos 60 años tragando».
La modernización lo cambia todoEl conflicto estalla ahora porque la reciente modernización del regadío ha cambiado las condiciones: el vertido directo al canal ya no es viable con el nuevo sistema, por lo que es necesario canalizar esas aguas hacia el colector del alcantarillado municipal. El coste de esa obra supera los 300.000 euros según unas fuentes, y se elevaría a 1,2 millones según otras estimaciones.
El problema es que ninguna de las tres administraciones competentes quiere asumir el coste: el Ayuntamiento de Ponferrada (por tratarse de una inundación urbana), el Ministerio de Transportes (por ser aguas de sus infraestructuras viarias) y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (por su competencia sobre las aguas de la zona). Todas ellas pretenden que sean los propios regantes quienes paguen la obra.
Una comunidad enorme que no puede hacerse cargoLa Comunidad del Canal Bajo controla el abastecimiento a más de 6.000 regantes y 15.000 parcelas en los municipios de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo. Ya han asumido inversiones importantes para soterrar el canal y ahora tienen encima el plan de modernización general, valorado en 40 millones de euros, con el que cargan con el 70% del coste.
UGAL-UPA ha anunciado que defenderá a los regantes «hasta las últimas consecuencias» y que no permitirá que se traslade a los agricultores una responsabilidad que no les corresponde, recurriendo a todas las medidas legales o administrativas disponibles.
