Transparencia admite la queja contra Astorga por la última novillada

Fundación Franz Weber denunció la recepción de una respuesta insuficiente sobre el coste público de la actividad.

La novillada no llegó a concitar ni media entrada de aforo a pesar de la implicación del consistorio

Cada novillada costaría a la Junta alrededor de 50.000€ sin contar con los apoyos municipales, como el de Astorga

Han tenido que pasar casi 5 meses para que el Comisionado de Transparencia de Castilla y León admitiera a trámite la queja formulada por la Fundación Franz Weber contra el Ayuntamiento de Astorga a colación de la novillada realizada el año pasado pero ahora el proceso ya está en marcha.

En 2025 el Gobierno local anunciaba actuaciones de “arreglo y adecentamiento” de la plaza de toros, de propiedad municipal, con una duración aproximada de dos meses. Estas consistieron en limpieza, desmonte, renovaciones, repintados e incluso reparaciones estructurales de grietas.
Todo ello estaba relacionado con la organización posterior de una novillada que cosechó un evidente fracaso de asistencia al no concitar ni media entrada a pesar del esfuerzo del consistorio, como la colocación de lonas o la difusión del evento en medios de comunicación.

Fundación Franz Weber registró una solicitud de información con el objetivo de conocer el total de dinero público empleado en todas las actuaciones y la respuesta de Astorga fue totalmente insuficiente: remitía cualquier consulta al “Portal de Transparencia” y al “Perfil del Contratante” sin proporcionar dato alguno.
Entorpecer la supervisión ciudadana.

Los naturalistas consideran que la actitud del Gobierno local es obstruccionista de la supervisión ciudadana, además de bordear la normativa sobre transparencia y buen gobierno.

Teniendo en cuenta que una novillada puede suponer un gasto de varias decenas de miles de euros y que el consistorio  habría empleado personal y medios municipales, toca ahora al Comisionado de Transparencia exigir toda la información requerida en su momento por los cauces administrativos reglamentarios.

La ONG internacional considera que los arreglos realizados en su momento en el ruedo astorgano supusieron un “regalo” al lobby taurino a costa de los impuestos de la ciudadanía.

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