Trump elimina protecciones federales contra emisiones contaminantes en histórica desregulación ambiental

La decisión revierte 17 años de política climática y abre batalla judicial con organizaciones ecologistas

La Administración estadounidense ha ejecutado este jueves una de las mayores reversiones en materia de protección ambiental de su historia al anular la determinación de 2009 que catalogaba seis gases de efecto invernadero procedentes de motores de combustión como amenaza para la salud pública.

Desmantelamiento de la base legal climática

Durante la presidencia de Barack Obama, su Gobierno estableció mediante dictamen oficial que seis compuestos atmosféricos emitidos por vehículos de combustión —incluyendo dióxido de carbono y óxido nitroso— representaban un peligro verificado para el bienestar sanitario de la población.

Este jueves, en declaraciones desde la Casa Blanca junto al responsable de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin, el mandatario estadounidense Donald Trump ha calificado la medida como «la mayor acción de desregulación en la historia estadounidense», prometiendo un ahorro de «billones de dólares» para los consumidores y una reducción cercana a los 3.000 dólares en el precio medio de vehículos nuevos.

Paralelamente, la EPA ha anulado las normativas de emisiones para vehículos de todas las categorías (ligeros, medianos y pesados), después de anunciar en marzo pasado la revisión de una treintena de regulaciones sobre gases contaminantes, decisión que generó condena inmediata de múltiples organizaciones ambientalistas.

Implicaciones jurídicas y ambientales

La Ley de Aire Limpio vigente en Estados Unidos obliga al Gobierno federal a regular «cualquier contaminante atmosférico» que amenace «la salud o el bienestar público». Sin embargo, al eliminar la clasificación de peligrosidad de estos gases de efecto invernadero, la EPA queda liberada de su obligación legal de implementar medidas protectoras en este ámbito.

La determinación original, derivada de un fallo del Tribunal Supremo de 2007 y sustentada en evidencia científica de expertos de la propia EPA y otros organismos, establecía que las concentraciones actuales y proyectadas de estos gases constituían un riesgo para la salud y el bienestar colectivos, quedando por tanto sujetos a regulación bajo la legislación mencionada.

«Al anular esta decisión, la EPA destruye el fundamento científico y jurídico que obligaba a la regulación federal de los gases de efecto invernadero, debilitando así la protección ciudadana, medioambiental y económica», ha declarado David Widawsky, director del programa estadounidense del World Resources Institute (WRI) y especialista en clima, a través del portal web de la institución.

Desde la organización ecologista Earthjustice han denunciado que «esta determinación, fundamentada en el consenso científico y ratificada por los tribunales, era conocida como la determinación de peligro. Ahora, la administración Trump rechaza oficialmente tanto la ciencia consolidada como la responsabilidad legal del gobierno de enfrentar el cambio climático».

Consecuencias prácticas «radicales»

Según el análisis del WRI, el impacto práctico «es radical», puesto que esta constatación del riesgo había sustentado regulaciones en múltiples sectores: límites de emisiones vehiculares, normas para plantas generadoras de carbón y gas natural, y requisitos federales de sostenibilidad, que ahora podrían ser derogados.

«En términos prácticos, sin la constatación de peligro, regular las emisiones de gases de efecto invernadero deja de ser una obligación legal. La ciencia permanece inalterada, pero se ha eliminado el deber de actuar conforme a ella», ha continuado Widawsky.

Contradicción con el consenso científico global

Estas medidas contradicen frontalmente el consenso internacional y científico, respaldado por innumerables investigaciones que demuestran la mortalidad asociada a la contaminación atmosférica.

Específicamente, datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) vinculan más de siete millones de muertes prematuras anuales a los efectos de la contaminación del aire. «La contaminación del aire, tanto interior como exterior, provoca enfermedades respiratorias y de otra índole, constituyendo una fuente importante de morbilidad y mortalidad», confirma la organización.

El experto del WRI advierte que, sin medidas federales para reducir emisiones, «los impactos del cambio climático únicamente se intensificarán y las familias estadounidenses asumirán la carga» tanto financiera como sanitaria: «Los impactos son inmediatos y de largo alcance. Muchos ya se están materializando».

Retroceso en el liderazgo climático internacional

Esta acción confirma nuevamente el rechazo de Trump hacia las políticas de lucha contra la crisis climática implementadas por todas las administraciones precedentes.

Desde su llegada a la presidencia, más allá de difundir afirmaciones infundadas en este campo, ha ejecutado una serie de medidas regresivas: abandono del Acuerdo de París, desmantelamiento del Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima (NCTF), congelación de financiación para proyectos de energías renovables, y retiro de organizaciones internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), entre otras.

Según Widawsky, con estas decisiones, «Estados Unidos arriesga perder la confianza de sus socios y aliados respecto a que sus decisiones políticas se fundamentan en hechos y ciencia, y en que constituye un socio fiable», cediendo espacio a potencias como China.

«Distanciarse de la ciencia no solo debilita las políticas medioambientales y de salud pública estadounidenses. Amenaza el liderazgo de Estados Unidos en todas las cuestiones donde la credibilidad resulta fundamental, desde el comercio y las finanzas hasta la competitividad industrial y la seguridad nacional», ha subrayado.

Reacciones nacionales e internacionales

Las críticas a la medida han surgido inmediatamente tanto dentro como fuera de territorio estadounidense. En el país, el expresidente Obama ha criticado duramente en la red social X la decisión de revocar el dictamen que «sirvió de fundamento para establecer límites a las emisiones de los tubos de escape y las normas sobre centrales eléctricas».

«Sin esta decisión, estaremos menos seguros, menos sanos y menos capacitados para combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar todavía más dinero», ha añadido.

Desde España, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado en nota de prensa que, pese a los retrocesos, persiste una mayoría que respalda las políticas verdes: «Pese a los pasos atrás desde países que un día encabezaron la lucha contra el cambio climático, hoy quiero lanzar un mensaje muy claro: seguimos siendo más los que sabemos que solo hay una hoja de ruta posible».

Batalla legal anunciada

Los grupos ambientalistas del país ya han confirmado que iniciarán acciones legales contra esta desregulación. «Es imposible conciliar la decisión de la EPA con la ley, la ciencia y la realidad de los desastres que nos afectan con más fuerza cada año. Esto es una bofetada para los millones de estadounidenses que sufren los devastadores costos del calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y las tormentas. Earthjustice y nuestros socios llevarán a la administración Trump a los tribunales», ha asegurado Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice.