VOX propone que la defensa jurídica del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo la asuma mediante un conbeino la Junta
VOX denuncia la indefensión jurídica del Ayuntamiento y pide un convenio con la Junta para que sus letrados asesoren y representen al Ayuntamiento en los tribunales
El Grupo Municipal VOX en San Andrés del Rabanedo ha presentado una moción para que el Ayuntamiento suscriba un convenio con la Junta de Castilla y León, al amparo del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, con el objetivo de que los letrados autonómicos asuman el asesoramiento jurídico y la defensa en juicio del Ayuntamiento.
Desde VOX se alerta de la situación de “grave indefensión jurídica” que sufre el municipio, al carecer de medios técnicos y humanos suficientes para afrontar con garantías los numerosos procedimientos y conflictos legales que afectan a la gestión diaria y al patrimonio municipal.
El nuevo reglamento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2025, de 30 de diciembre, que entrará en vigor el próximo 27 de enero, prevé expresamente en su artículo 35 la posibilidad de que dichos servicios extiendan su labor de asesoramiento y representación a las corporaciones locales de la Comunidad, mediante la firma de los correspondientes convenios.
VOX propone aprovechar esta herramienta legal para que los letrados de la Junta presten al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo un asesoramiento jurídico especializado y una representación procesal sólida ante los juzgados y tribunales, reforzando así la defensa de los intereses generales de los vecinos y reduciendo el riesgo de condenas y responsabilidades por una defensa insuficiente.
La iniciativa plantea que el convenio con la Junta incluya, como mínimo, el asesoramiento en materias administrativa, laboral, mercantil y civil, así como la representación y defensa en todo tipo de procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento sea parte, fijando con claridad el alcance de la asistencia, su duración y, en su caso, las contraprestaciones económicas.
Fernando Prieto Olite reclama que el equipo de gobierno actúe “con urgencia y responsabilidad” y que, lo antes posible desde la aprobación de la moción, se inicien las negociaciones formales con la Junta de Castilla y León, informando puntualmente al Pleno de los avances para garantizar la máxima transparencia y control político de este refuerzo de la defensa jurídica municipal.
