Un hombre acaudalado ofrecía hasta 40.000 euros a inmigrantes sin recursos por someterse a un trasplante ilegal de hígado. La reforma del Código Penal de 2010 tipifica como delito esta práctica.
La Policía Nacional ha detenido a cinco personas por un intento de compraventa de órganos en España. En concreto, ofrecían hasta 
40.000 euros a inmigrantes sin recursos económicos por someterse a un trasplante ilegal de hígado.
Un ciudadano de nacionalidad libanesa con alto poder adquisitivo y enfermo hepático había viajado hasta España, conocedor de la experiencia en trasplantes en el país, para intentar someterse a esta práctica de manera ilegal.
El ciudadano intentó conseguir un donante supuestamente voluntario a cambio de una importante suma de dinero, circunstancia prohibida por el sistema español de trasplantes. El interesado llegó, incluso, a costear las pruebas médicas a los candidatos para comprobar la compatibilidad del órgano.
La reforma del Código Penal de junio de 2010 castiga con penas de prisión a “los que promuevan, favorezca, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismo”.
El Real Decreto 2070/1999 establece que “se prohíbe hacer cualquier publicidad sobre la necesidad de un órgano, tejido o sobre su disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración”a cambio. Asimismo, la Ley General de Publicidad, define como ilícita “la publicidad que atente contra la dignidad de la persona”.
El citado Real Decreto señala que “no se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos humanos por el donante, ni por cualquier otra persona física o jurídica”. Y advierte que “no se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado”.
El trasplante ilícito no llegó a realizarse gracias a los controles del sistema español de trasplantes que impiden la compraventa de órganos.
La investigación, que había comenzado en 2012 tras la denuncia formulada por una ONG que atiende a inmigrantes, ha concluido con el arresto en la Comunidad Valenciana del interesado, un libanés acaudalado, y cuatro personas más.
Fuente: Facua
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