El alcalde de Igüeña llama ignorantes a quienes piden cuentas por una subvención penalizada

Las declaraciones realizadas por el alcalde de Igüeña, Alider Presa, en relación con la subvención vinculada a la Feria de la Calabaza, lejos de aclarar la situación, evidencian una preocupante normalización de una gestión deficiente de los fondos públicos.

El propio alcalde reconoce que se solicitaron ayudas para infraestructuras y gastos que finalmente no fueron ejecutados. Es decir, se tramitaron subvenciones para actuaciones que posteriormente no llegaron a realizarse. Aunque ahora se intente justificar, lo cierto es que la Diputación ha emitido una resolución con penalización económica por incumplimientos tanto en materia de difusión como de justificación resultado de una mala planificación y descoordinación (precisamente cuando el Ayuntamiento tiene una Junta de Coordinación de Subvenciones que cobra por, supuestamente, evitar estas situaciones)

Es preocupante la ligereza con la que parece gestionarse el dinero público. No se aclara cuál es el retorno real de todas estas ayudas, qué mecanismos de control existen sobre su gestión y ejecución, ni cuánto le cuesta al ciudadano la denominada Junta de Coordinación de Subvenciones. Basta señalar que este órgano contempla hasta 36 sesiones anuales retribuidas a 150 euros por asistencia, en un Ayuntamiento que lleva funcionando con presupuestos prorrogados desde 2022 y con un presupuesto total cercano a 1,7 millones de euros.

También resulta desafortunado que el alcalde recurra a descalificaciones personales hablando de «ignorancia» hacia quienes cuestionan su gestión. Nuestra obligación como representantes de la oposición es precisamente velar por la correcta actuación del equipo de gobierno y dar cuenta de ella a los ciudadanos cuando no es así. La articulación democrática de las instituciones no parece ser del gusto del Sr. Alcalde.

Respecto a la planta de secado, nadie discute la importancia de apoyar iniciativas económicas para el municipio. Sin embargo, precisamente por tratarse de proyectos financiados con fondos públicos, lo lógico y responsable es exigir transparencia, viabilidad y resultados. Las dificultades climáticas o empresariales no pueden convertirse en excusas permanentes cuando existen inversiones públicas comprometidas, máxime cuando la licitación de la planta continúa actualmente en estado «en evaluación».

El propio alcalde reconoce ahora que determinados proyectos deberán salir a licitación y cumplir plazos y requisitos administrativos. Una afirmación que junto a los insultos demuestra que no se está actuando con rigor y correctamente.