Bierzo

La Junta de Castilla y León blindará por Ley la permanencia de los consultorios médicos existentes en el momento de su entrada en vigor en El Bierzo

La Junta de Castilla y León blindará por Ley la permanencia de los consultorios médicos existentes en el momento de su entrada en vigor en El Bierzo

  • El PP reprocha al PSOE su afán por demonizar la sanidad pública en Castilla y León a fuerza de repetir falsedades mientras que todos los indicadores colocan los servicios Sanitarios de Castilla y León en los niveles más altos de prestación

Teniendo en cuenta el apoyo que desde el Gobierno de Castilla y León dentro de sus competencias y, especialmente en este caso, desde la Consejería de Sanidad, se viene dando al Área de Salud de El Bierzo, y el trabajo que se viene realizando para potenciar el modelo de asistencia rural, garantizando la atención presencial en todo el territorio, el grupo popular en las cortes de Castilla y León propuso las siguientes enmiendas a la PNL del grupo parlamentario socialista instando a garantizar la atención en las zonas básicas de salud del Bierzo y Laciana: 

1.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a articular y aplicar las intervenciones necesarias y seguir aplicando las medidas necesarias para que se garantice la atención sanitaria habitual en las zonas básicas de salud de El Bierzo y Laciana ante contingencias laborales, de organización o de cualquier otra naturaleza.

2.- Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Ministerio de Sanidad que ponga a disposición de las Comunidades Autónomas el número suficiente de médicos especialistas de medicina familiar y comunitaria y de otras especialidades deficitarias teniendo en cuenta su competencia en esta materia.

En este sentido, el PP en las Cortes de Castilla y León insiste una vez más en que “lo repitan las veces que lo repitan los procuradores del grupo socialista, en Castilla y León no se han cerrado consultorios locales y los más de 3.600 consultorios  existentes, incluidos los de las ZBS del Bierzo y Laciana, se han mantenido abiertos asegurando, con carácter general, la frecuentación establecida por la Orden de 15 de abril de 1991, una orden que amplía y mejora lo dispuesto en  la anterior regulación establecida por la Orden de 6 de junio de 1986, durante el gobierno socialista de la Junta de Castilla y León”.

El compromiso del Presidente de la Junta de Castilla y León, subrayan, se cumple a través de la proposición de Ley, presentada por el GP Popular, que BLINDARÁ POR LEY los servicios públicos esenciales que presta  la Junta de Castilla y León en todo el territorio, entre ellos, sanidad. “Una ley que garantizará que se mantenga la ubicación de las infraestructuras y equipamientos públicos de los  consultorios en los municipios donde radiquen al momento de su entrada en vigor y que prevé la ampliación del volumen de la prestación de los servicios autonómicos esenciales en el territorio como   garantía de la igualdad en el acceso, especialmente en el ámbito rural.

Para el Gobierno de Castilla y León la Sanidad constituye una prioridad política y presupuestaria, sin embargo, los recursos económicos son limitados, y en ello incide la situación desfavorable de Castilla y León en el vigente sistema de financiación autonómica.

Precisamente, la relevancia que para la Junta de Castilla y León tiene el nivel de Atención Primaria es clara, así se refleja en los presupuestos de 2023 que establecen una dotación para atención primaria de 1.538 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,38% respecto de los anteriores presupuestos de 2021, destinando de esta manera un 20,49 % del presupuesto de la Gerencia Regional de Salud a la Atención Primaria, lo que sin duda supone un refuerzo para este nivel, cumpliendo uno de los compromisos para esta legislatura.

A pesar del incremento de las cantidades a cuenta para este 2023, el sistema de financiación deja sin cubrir 600 millones de euros de los servicios públicos esenciales de esta Comunidad. El sistema de financiación autonómica no cubre los fines para los que fue diseñado.

Por tanto, es necesario un nuevo sistema de financiación en el que se pondere adecuadamente los factores de extensión territorial, dispersión, baja densidad, envejecimiento y carga de cronicidad de la población, que de modo tan importante afectan a Castilla y León y que, como sobradamente conocen, encarecen sustancialmente la prestación de los servicios públicos.

Por eso, hemos reclamado y vamos a seguir reclamando a gobiernos de todos los colores, el cambio en el modelo de financiación autonómica que sea realmente equitativo con todas las CCAA. Algo que parece imposible con la amenaza del próximo Gobierno de Sánchez guiado por los independentistas, solo Cataluña podrá sostener sus servicios públicos.

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