Las investigaciones judiciales sobre los rescates empresariales gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han alcanzado una dimensión económica sin precedentes. Según las diligencias abiertas en distintos juzgados, las operaciones bajo sospecha suman ya cerca de 760 millones de euros, una cifra que supera en unos 20 millones el importe investigado en el conocido caso de los ERE de Andalucía, considerado durante años uno de los mayores escándalos de corrupción relacionados con fondos públicos en España.

El foco de las pesquisas se sitúa en varias ayudas concedidas a grandes empresas durante la pandemia a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado para sostener compañías consideradas esenciales para la economía. Sin embargo, los investigadores tratan ahora de determinar si determinadas decisiones pudieron estar condicionadas por presiones externas, tráfico de influencias o el pago de comisiones.

Cinco grandes operaciones bajo sospecha

Las actuaciones judiciales se concentran en cinco expedientes de especial relevancia económica. Entre ellos destaca el rescate de Tubos Reunidos, que recibió una ayuda superior a los 112 millones de euros y constituye una de las principales líneas de investigación. A esta operación se suman otras relacionadas con Mercasa, Enusa, el Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) y diversos proyectos empresariales vinculados a Forestalia.

La hipótesis que manejan la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil es que una presunta red de intermediarios habría aprovechado su influencia sobre responsables públicos para facilitar determinadas decisiones administrativas a cambio de contraprestaciones económicas.

La investigación se amplía

La causa ha dado un importante salto durante los últimos días con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de citar como investigadas a 25 personas, entre ellas la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, además de antiguos altos cargos, empresarios y responsables de diferentes organismos públicos. La investigación pretende esclarecer el grado de participación de cada uno de los implicados en la tramitación de las ayudas y en otras adjudicaciones públicas relacionadas con la SEPI.

Los investigadores sostienen que determinados expedientes pudieron agilizarse gracias a gestiones políticas desarrolladas al margen de los procedimientos habituales, aunque será el desarrollo del proceso judicial el que determine si esas actuaciones constituyen finalmente algún tipo de ilícito penal.

El denominado «grupo Hirurok»

Uno de los elementos centrales de la investigación gira en torno al denominado grupo «Hirurok», formado presuntamente por la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. Según los informes incorporados a la causa, este grupo habría intervenido en distintas operaciones relacionadas con ayudas públicas y contratos estatales, obteniendo supuestamente ingresos mediante comisiones por su labor de intermediación.

Las diligencias también analizan comunicaciones internas, reuniones y documentación que podrían acreditar la existencia de contactos entre responsables políticos, directivos empresariales y miembros de la presunta trama.

Un volumen económico superior al de los ERE

La magnitud de los fondos investigados ha reabierto inevitablemente la comparación con el caso de los ERE de Andalucía. Mientras aquel procedimiento judicial se centró en aproximadamente 740 millones de euros destinados a ayudas sociolaborales, las operaciones ahora examinadas en torno a la SEPI elevan el volumen económico hasta unos 760 millones, convirtiéndose en una de las investigaciones sobre fondos públicos de mayor cuantía abiertas en España.

No obstante, conviene subrayar que el hecho de que una cantidad esté siendo investigada no implica que la totalidad de esos fondos haya sido utilizada de forma irregular. La investigación judicial deberá determinar qué operaciones, decisiones o personas pudieron incurrir en responsabilidades penales y cuáles se ajustaron plenamente a la legalidad.

Una causa todavía abierta

Las pesquisas continúan avanzando con nuevos registros, requerimientos de documentación y declaraciones de investigados y testigos. La Guardia Civil y la Fiscalía siguen analizando miles de documentos, comunicaciones y expedientes administrativos para reconstruir cómo se adoptaron las decisiones relativas a los rescates y si existió una estructura organizada destinada a influir en ellas.

El procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción, por lo que las conclusiones definitivas dependerán de la evolución de la investigación y de las resoluciones que adopten los tribunales en los próximos meses.