A partir del 1 de enero de 2026, entra en vigor en España el Real Decreto 214/2025, una regulación que marca un punto de inflexión en las políticas de transición ecológica del país. La norma busca impulsar la neutralidad climática mediante el fortalecimiento de la transparencia corporativa en materia de emisiones.

Esta legislación introduce requisitos significativos en la gestión medioambiental empresarial, estableciendo mecanismos de trazabilidad de las emisiones que permiten mayor control y visibilidad sobre el impacto climático de las actividades económicas. Además, incentiva la implementación de medidas concretas para la reducción de gases de efecto invernadero y su posterior compensación.

Qué implica medir las emisiones corporativas

La huella de carbono es un indicador que cuantifica el total de gases de efecto invernadero que produce una entidad, ya sea de forma directa o indirecta, como resultado de sus operaciones.

Su medición se realiza mediante un inventario exhaustivo de emisiones o a través del análisis del ciclo de vida completo, dependiendo del alcance que se desee evaluar: puede referirse a toda la organización, a productos específicos o a eventos concretos.

Según establece la nueva regulación, las grandes compañías y organismos públicos deben contabilizar las emisiones generadas durante 2025 y diseñar una estrategia de reducción con proyección a cinco años. Asimismo, será obligatorio medir el impacto de eventos que congreguen más de 1.500 participantes.

Alcance de la obligatoriedad

La normativa afecta principalmente a:

• Compañías que superan los 250 empleados y que durante dos años consecutivos hayan registrado activos superiores a 20 millones de euros o una facturación que supere los 40 millones de euros, conforme a la Ley 11/2018 sobre información no financiera.
• Entidades consideradas de interés público.
• Organizaciones con plantillas superiores a 500 trabajadores.
• Empresas que presentan estados financieros consolidados.

Para la Administración Pública y sus dependencias, el registro resulta obligatorio, mientras que para el sector privado mantiene carácter voluntario en cuanto a la inscripción formal.

Es relevante destacar que las entidades obligadas a presentar el Estado de Información No Financiera tienen como plazo máximo el 30 de junio de 2026, requisito que necesariamente implica haber completado previamente el cálculo de emisiones.

Impacto en pequeñas y medianas empresas

Aunque formalmente el cálculo no es obligatorio para pymes y microempresas, la realidad del mercado está generando un efecto cascada. Numerosas grandes corporaciones están trasladando estos requerimientos a sus proveedores como condición en las cadenas de suministro, lo que en la práctica convierte la medición de huella de carbono en un requisito competitivo.

Adicionalmente, la norma establece esta exigencia para empresas que deseen participar en licitaciones públicas específicas, acceder a determinadas subvenciones o integrarse en programas concretos. También resulta imperativo para aquellas organizaciones que formen parte de la cadena de suministro del sector público estatal.

La tendencia apunta a que, aunque inicialmente voluntario para empresas de menor tamaño, el cumplimiento de estos estándares se convertirá progresivamente en un elemento diferenciador y, eventualmente, en un requisito generalizado del mercado.