CIUDEN, historia, promesas y tormentas: de ser creada para salvar El Bierzo a contratos millonarios y escándalo judicial

CIUDEN, historia, promesas y tormentas: de ser creada para salvar El Bierzo a contratos millonarios y escándalo judicial

El origen: un guiño político a una comarca herida

El Bierzo llegó al siglo XXI con las cicatrices visibles de décadas de minería del carbón. Los pueblos se vaciaban. Las escombreras cubrían valles. Y la perspectiva del cierre progresivo de las minas y las centrales térmicas lanzaba una pregunta que nadie respondía con hechos: ¿qué va a ser de esta comarca?

En ese contexto, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero creó en 2006, mediante publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Fundación Ciudad de la Energía, que desde entonces ha operado bajo el acrónimo CIUDEN. La idea era ambiciosa y, en cierto modo, seductora: en lugar de dejar que El Bierzo muriera lentamente, el Estado iba a convertir la comarca en un laboratorio de tecnologías del futuro energético, aprovechando el conocimiento acumulado durante generaciones en torno a la energía. El carbón como punto de partida, la innovación como destino.

La Fundación nació como una organización del Gobierno de España adscrita al sector público estatal para ejecutar programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) relacionados con la energía y el medio ambiente, con el objetivo explícito de contribuir al desarrollo económico y social de la comarca de El Bierzo. Su sede se estableció en Cubillos del Sil, junto a las instalaciones de la antigua central térmica de Compostilla.

La misión inicial no era únicamente de laboratorio. El proyecto era enormemente ambicioso en términos industriales: la Fundación centró su actividad en el desarrollo de proyectos relativos a tecnologías de captura, transporte y almacenamiento geológico de CO2, consideradas un instrumento poderoso para luchar contra el cambio climático, al permitir reducir las emisiones de dióxido de carbono procedentes de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles y de la industria pesada.

La idea subyacente era que si se conseguía capturar el CO2 emitido por las centrales de carbón y almacenarlo bajo tierra, el carbón podría seguir siendo viable durante décadas más. Y El Bierzo, que tenía carbón, tendría futuro.

El gran proyecto: Compostilla y la promesa de 300 megavatios

Durante los primeros años, CIUDEN generó ilusión. La Unión Europea apostó por el proyecto. En el marco del plan de recuperación económica europeo posterior a la crisis de 2008, el Proyecto Compostilla —adjudicado a un consorcio formado por Endesa, CIUDEN y Foster Wheeler Finlandia— fue seleccionado como uno de los seis proyectos europeos de demostración de captura y almacenamiento de CO2 que recibirían financiación comunitaria, con 180 millones de euros asignados.

El objetivo era construir en Cubillos del Sil una planta piloto de oxicombustión, y en Hontomín (Burgos) el almacén geológico donde inyectar el CO2 capturado. El objetivo final era la construcción de una instalación comercial de 300 megavatios, única en su género en el mundo, que permitiría la renovación del parque de centrales térmicas a partir de 2020, con el propósito de que Endesa pusiera en marcha esa planta comercial en el marco de la térmica de Compostilla II a partir del año 2015.

Las expectativas eran inmensas. Investigadores de todo el mundo visitaban El Bierzo. Europa miraba a Ponferrada. Y desde Madrid se prometía que este proyecto convertiría a España en vanguardia mundial de la tecnología de carbón limpio.

El primer tropiezo: los recortes, la dimisión y el fracaso europeo

La crisis económica y el cambio de gobierno en 2011 marcaron un punto de inflexión. Los recortes llegaron antes de que la tecnología pudiera demostrar su utilidad. El exdirector técnico del proyecto de almacenamiento en Hontomín, Andrés Pérez Estaún, dimitió de su cargo tras conocerse los recortes del Gobierno central, advirtiendo de que impedirían extraer conclusiones útiles del programa y harían que España dejara de estar en la vanguardia mundial en investigación para el almacenamiento subterráneo de CO2. El proyecto había recibido una dotación de 90 millones de euros de la Unión Europea para tres años de trabajos.

El contexto europeo era igualmente desalentador. La Comisión Europea había incumplido su promesa de que en 2015 habría al menos 12 centrales de captura de CO2 operando en la UE. La España del proyecto Compostilla había recibido alrededor de 200 millones de euros invertidos en la planta de Ponferrada, pero la tecnología no consiguió despegar al nivel industrial deseado. El fracaso no fue exclusivamente español, sino de toda la apuesta europea por esta tecnología.

La planta de Cubillos del Sil llegó a completarse técnicamente, pero sin la central térmica de Compostilla II funcionando a pleno rendimiento no tenía sentido operar el sistema completo. El proyecto entró en una fase de hibernación tecnológica que frustraría a la propia plantilla de la fundación.

Los años del estancamiento y la denuncia interna

En 2015, el comité de empresa de CIUDEN publicó un comunicado que resumía amargamente la situación. Los trabajadores calificaron de «desalentadora» la situación de la Fundación y de «decepcionante» el balance de los últimos cuatro años. Advertían de que CIUDEN estaba «viviendo de rentas pasadas» en el programa de investigación en tecnologías de captura de CO2 y que no se había logrado ningún proyecto nuevo desde 2013. Los proyectos en curso finalizarían en mayo de 2016.

El abandono de la misión original se hacía patente en todos los frentes. El Ciuden Vívero, cuyo objetivo era formar trabajadores y producir planta autóctona para la recuperación ambiental de zonas deterioradas por la minería, había suspendido sus iniciativas desde 2012, mientras que el Bierzo acumulaba más de 600 escombreras que sumaban 5.100 hectáreas pendientes de restauración.

En 2018, el secretario de Estado de Energía reconoció públicamente el callejón sin salida. El secretario de Estado, José Domínguez, señaló que la captura y almacenamiento de CO2 era «una tecnología compleja que no ha terminado de arrancar» y que CIUDEN tendría que identificar nuevos usos para sus instalaciones, aunque consideró «prematuro» definir entonces a qué se dedicarían.

La reconversión: museos, cultura y transición justa

Ante la imposibilidad de continuar con su misión tecnológica original, CIUDEN encontró una nueva identidad en la cultura, el patrimonio y la divulgación científica.

Las antiguas instalaciones industriales se transformaron en dos espacios de referencia cultural. La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, ubicada en la antigua central Minero Siderúrgica de Ponferrada, se convirtió en un museo singular construido a partir de los testimonios de más de 200 personas vinculadas a la historia de la instalación: mineros, ferroviarios, personal administrativo. La restauración del edificio fue celebrada y premiada por diversas entidades institucionales y culturales, siendo su alma la exposición que floreció a través de los testimonios de quienes habían vivido el proceso industrial.

Por su parte, La Térmica Cultural ocupó el edificio de la antigua Compostilla I, la planta que fue cuna de Endesa en los años 40, convirtiéndose en un espacio vivo de ocio y cultura.

CIUDEN también gestionó el programa Dinamiz-ARTj, diseñado para llevar actividades culturales de calidad a municipios pequeños en territorios de transición energética, apoyando al mismo tiempo a artistas locales. El programa financió más de dos mil actuaciones en municipios enclavados en comarcas en transición.

Esta reconversión cultural, sin embargo, era exactamente lo que el comité de empresa había pedido años antes sin que nadie escuchara, y llegó tarde, incompleta y sin el respaldo presupuestario que habría necesitado para consolidarse.

El presente: hidrógeno verde y la apuesta de los fondos europeos

Paradójicamente, mientras la polémica judicial acaparaba titulares, CIUDEN vivía su momento tecnológico más esperanzador en años. La misma energía que no pudo capturarse del carbón encontró un nuevo cauce en el hidrógeno verde.

Con financiación de los fondos Next Generation de la UE a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Fundación puso en marcha en Cubillos del Sil un proyecto de producción de hidrógeno verde que en diciembre de 2025 marcó un hito: CIUDEN comenzó a producir hidrógeno verde en su Centro de Desarrollo de Tecnologías tras la incorporación de un electrolizador de membrana polimérica protónica (PEM), fabricado en Segovia por la empresa H2Greem Global Solutions, que produce cinco kilos de hidrógeno por hora con una pureza del 99,999 por ciento.

Lo más relevante no es solo el electrolizador. La directora general de CIUDEN, Yasodhara López, señaló que el conjunto del proyecto configura el primer sistema híbrido de este tipo en el mundo, combinando energía solar fotovoltaica, dos electrolizadores y tres tecnologías diferentes de almacenamiento energético en baterías de flujo vanadio. Empresas industriales ya han solicitado pruebas en las instalaciones previstas para 2027.

El presupuesto total de este nuevo ciclo de inversión en tecnologías de almacenamiento e hidrógeno supera los 11 millones de euros en licitaciones abiertas. Un número modesto comparado con los 180 millones del Proyecto Compostilla, pero más realista y con una arquitectura tecnológica que esta vez podría consolidarse.

Y llegó «el fango»: Los casos de presunta corrupción en CIUDEN, de los contratos millonarios al escándalo judicial

Una cronología de sospechas, investigaciones y polémicas que acumulan casi dos décadas de una fundación pública bajo sospecha

El antecedente: Vicente Cortés y los «contratos millonarios» (etapa anterior a 2023)

El primer nombre que aparece en cualquier rastreo de la historia oscura de CIUDEN es el de Vicente Cortés, que ocupó la dirección general de la Fundación en una etapa anterior. Los medios que han seguido el caso actual lo mencionan sistemáticamente como un precedente, quienes no han detallado el resultado de las investigaciones sobre Cortés, y la Fundación no ha dado explicaciones públicas al respecto.

El estancamiento presupuestario y la denuncia interna de los propios trabajadores (2015)

Aunque no constituyó un caso de corrupción en sentido estricto, la denuncia pública del comité de empresa en 2015 fue el primer signo grave de que algo no funcionaba en la gobernanza de la Fundación. Los trabajadores alertaron de que CIUDEN estaba paralizándose por dentro mientras hacia fuera seguía presentando una fachada institucional de normalidad.

Los propios representantes sindicales denunciaron que la Fundación llevaba años «viviendo de rentas pasadas» en investigación, sin nuevos proyectos desde 2013, con el vivero de plantas para restauración ambiental de escombreras mineras paralizado desde 2012 y con más de 600 escombreras pendientes de restauración en el Bierzo. En otras palabras: una institución creada para rehabilitar el territorio seguía cobrando presupuesto mientras el territorio seguía deteriorándose. Era incumplimiento de misión, no corrupción penal, pero era la primera señal de que los fondos públicos no estaban llegando a los objetivos para los que fueron destinados.

La Térmica Cultural: eventos masivos sin licencia (2022-2025)

Una de las denuncias más llamativas del caso actual no tiene que ver con el dinero sino con la seguridad ciudadana. La CIUDEN habría celebrado eventos culturales con concurrencia masiva de público en La Térmica Cultural, un edificio que carece de licencia de actividad. El proyecto de obras presentado ante el Ayuntamiento de Ponferrada fue alterado sin que dicho cambio fuera legalizado. A pesar de las advertencias de la Asesoría Jurídica, la dirección general decidió seguir celebrando eventos culturales en dicho recinto sin contar con las licencias, contratando una auditoría de prevención de riesgos laborales para mitigar los peligros del edificio. El denunciante calificó esta práctica como «lanzarse por un precipicio jurídico».

La versión oficial de CIUDEN matiza que la Térmica opera con una licencia provisional concedida por el Ayuntamiento en 2024. Sin embargo, el alcalde de la ciudad advirtió de que CIUDEN no había cumplido su parte del acuerdo para obtener la licencia plenamente válida. Lo que resulta difícilmente cuestionable es que durante años la Fundación celebró eventos con cientos de personas en un edificio cuya adecuación legal no estaba resuelta, y que lo hizo a pesar de alertas jurídicas internas. Nadie en la cadena de mando detuvo los eventos.

El sistema del «anticipo de caja»: casi 1.000 pagos irregulares (2020-2024)

El corazón del actual escándalo es lo que el denunciante denomina el sistema del «anticipo de caja». La irregularidad más grave detectada afecta al programa Dinamiz-ARTj, financiado con fondos públicos para llevar actuaciones artísticas a pueblos en decadencia tras un pasado industrial. CIUDEN habría gastado 2,6 millones de euros utilizando la figura del anticipo de caja, un mecanismo que solo aplica a las administraciones públicas puras y no a las fundaciones del sector público.

La fundación habría realizado casi 1.000 pagos mediante esta vía, evitando así los contratos menores que legalmente correspondían. Los contratos se formalizaban mediante simples intercambios de emails entre técnicos y empresas, sin participación del órgano de contratación. La dirección general debía convalidar estas operaciones cada tres meses, pero según la denuncia, además de ser ilegal —se debe autorizar antes, no después—, dicha convalidación jamás llegó a producirse.

En términos claros: si la denuncia es cierta, CIUDEN habría construido durante años un sistema paralelo de gasto público al margen de los controles que la ley establece para evitar precisamente la corrupción.

El Festival de Flamenco: licitación supuestamente diseñada a medida (2022-2024)

Uno de los casos concretos más detallados en el escrito judicial es el del Festival de Flamenco Bierzo Al Toque. El documento judicial detalla varios casos concretos de licitaciones supuestamente manipuladas. El más significativo afecta a la contratación del Festival de Flamenco Bierzo al Toque, cuyos pliegos establecían criterios ajustados al licitador deseado por la directora de La Fábrica de Luz, el Museo de la Energía. Un potencial licitador llamó a la CIUDEN para advertir que el perfil exigido en la licitación se corresponde con exactitud con el de una persona concreta.

La versión de CIUDEN es que el festival ha llegado a situarse entre los diez más importantes de su género en España y que el adjudicatario, el berciano Miguel Morán, triplicaba los requisitos mínimos exigidos en el pliego. Sin embargo, que un competidor descarte presentarse porque considera que el concurso está diseñado de antemano para otro candidato es uno de los indicadores clásicos que los organismos anticorrupción identifican como señal de alerta en contratación pública.

El contrato al cuñado de la exministra Pilar Alegría: 458.590 euros con filtros subjetivos (septiembre 2025)

Esta es la polémica que más repercusión nacional ha tenido. En septiembre de 2025, CIUDEN adjudicó un contrato de 458.590 euros —financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación— para servicios técnicos especializados y formación en transición energética. El adjudicatario fue Base Sistemas y Suministros SA, empresa zaragozana cuyo director es Abel Batalla, cuñado de la entonces ministra de Educación y portavoz del Gobierno Pilar Alegría.

El mayor ingreso público recibido por la empresa corresponde a un contrato estatal adjudicado en septiembre de 2025 por un importe de 458.590 euros que fue financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación. El encargo fue otorgado por la Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía.

La investigación periodística del diario El Debate desveló el mecanismo: el Ministerio de Transición Ecológica utilizó varios filtros de carácter subjetivo para adjudicar el contrato, dejando fuera a cuatro empresas competidoras. La clave fue la imposición de un umbral mínimo en la valoración técnica: el pliego asignaba 30 puntos a la propuesta técnica y exigía obtener al menos 15 para continuar en el proceso, lo que operó en la práctica como un filtro de exclusión masiva. Ese umbral no se aplicó mediante una mesa plural ni una ponderación colegiada, sino a través de la evaluación de una sola persona adscrita al departamento de I+D+I de CIUDEN, que firma el informe en el que se puntúan las ofertas y se determina quién pasa a la fase económica.

Además, ese mismo contrato era solo una parte: a ese contrato se suma un préstamo público concedido en noviembre de 2024 por un importe superior a los 450.000 euros canalizado a través de un organismo estatal dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. En total, la empresa del cuñado de Alegría habría recibido más de 1,2 millones de euros en contratos y ayudas públicas mientras ella era ministra.

La respuesta de CIUDEN, en la ya célebre rueda de prensa «off the record», fue escueta: las fuentes de CIUDEN dijeron que no hay nada irregular, añadiendo que no entran a valorar si hay relación familiar o no a la hora de adjudicar este tipo de contratos.

La represalia al denunciante: el caso llega a la AIPI (2024-2026)

Uno de los elementos más graves del caso no es el posible fraude en sí, sino la respuesta institucional al que lo denunció. El exdirector de Asesoría Jurídica y Recursos Humanos que destapó las irregularidades fue despedido antes de que expirara su contrato de prueba de seis meses. Él sostiene que fue represalia; CIUDEN sostiene que fue por acoso a compañeros.

Lo que resulta objetivamente verificable es que, una vez despedido y una vez que presentó su denuncia penal, CIUDEN convocó un encuentro informativo fuera de cámara en el que tres representantes de la Fundación solicitaron reiteradamente a los periodistas que no publicaran sus nombres, pero al mismo tiempo revelaron la identidad del denunciante y vertieron acusaciones contra él, violando la normativa de protección de informantes.

El director del Departamento de Protección del Informante, perteneciente a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), ha decidido seguir adelante con la denuncia presentada por el ex directivo contra la cúpula de la Fundación. El ex asesor jurídico de CIUDEN fue despedido 15 días antes de expirar su contrato, después de indicar que acudiría a los tribunales si no se subsanaban las presuntas irregularidades.

La AIPI es un organismo creado precisamente para proteger a quienes denuncian corrupción en el sector público. Que el caso haya llegado a su área de sanciones —el escalón previo a la imposición de consecuencias efectivas— es una señal de que el organismo independiente considera que hay base suficiente para investigar si se vulneraron los derechos del denunciante.

El giro judicial: la IGAE y el propio Ministerio se suman como denunciantes (febrero 2026)

En un giro inesperado que complica considerablemente la posición de CIUDEN, en las recientes notificaciones de comparecencia han aparecido como denunciantes adicionales la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y, sorprendentemente, el propio Ministerio para la Transición Ecológica.

Esto es significativo porque CIUDEN había utilizado precisamente una auditoría de la IGAE como escudo defensivo, argumentando que el organismo fiscalizador no había encontrado irregularidades. Que ahora la propia IGAE figure entre quienes impulsan el procedimiento judicial invierte por completo ese argumento. Al mismo tiempo, que el Ministerio se sume a la denuncia contra una fundación que depende de él es un hecho sin precedentes recientes en la Administración española, y sugiere un intento de desvinculación política de lo ocurrido bajo la gestión anterior.

Resumen del estado judicial actual

Conclusión

Lo que distingue el caso CIUDEN de una simple polémica política es su acumulación. No es un expediente aislado, sino una historia de veinte años en la que cada etapa deja flecos sin resolver. Un exdirector investigado cuya mano derecha siguió en el cargo. Un edificio con eventos masivos sin licencia. Un sistema de pagos que el denunciante llama ilegal y la Fundación llama «gestión ordinaria». Una licitación con filtros diseñados por una sola persona. Un contrato de medio millón al cuñado de una ministra. Un whistleblower despedido cuya identidad fue revelada en una rueda de prensa «off the record». Y ahora, el propio Ministerio sumándose a la denuncia contra la institución que depende de él.

La justicia determinará si todo esto es corrupción sistémica, negligencia institucional o —como sostiene CIUDEN— una denuncia exagerada por parte de un empleado conflictivo despedido. Pero el patrón acumulado, sea cual sea la conclusión judicial, ya dice mucho sobre cómo funciona una fundación que nació para dar esperanza a El Bierzo.

⚠️ Nota editorial importante: Todos los casos que se describen a continuación son presuntos o están bajo investigación judicial o administrativa. La presunción de inocencia ampara a todas las personas mencionadas. Las investigaciones siguen abiertas y ningún tribunal ha declarado culpable a nadie de los hechos que se detallan.