El PSOE de Ponferrada tilda de “barriobajera” la campaña electoral del PP

El PSOE de Ponferrada tilda de “barriobajera” la campaña electoral del PP

El PP hace una campaña electoral barriobajera en Ponferrada, culpando al Ayuntamiento de los incumplimientos y mentiras de la Junta de Castilla y León

El alcalde de Ponferrada y candidato del PSOE a la Alcaldía, Olegario Ramón, tildó de “desvergüenza” el comportamiento y las declaraciones de la Consejera de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, quien se ha paseado por Ponferrada haciendo una campaña electoral absolutamente barriobajera, rodeada de los miembros de la candidatura del PP al Ayuntamiento, “cuando se tiene un curriculum tan nefasto como la Junta de Castilla y León y también la propia consejera”.

La consejera y sus adláteres de la lista del PP en Ponferrada ocultan deliberadamente que en el Ayuntamiento de Ponferrada los gastos de personal en un servicio impropio, que debería financiar íntegramente la propia Junta, son de 1,4 millones de euros y la Junta aporta únicamente 662.000 euros, menos de la mitad.

En el servicio de ayuda a domicilio, en 2022 la Junta aportó 1,73 millones, mientras que el Ayuntamiento abonó un total de 2,543 millones de euros. En este caso la Junta financió el 68% del servicio, cuando debe financiar el 90%.
El funcionamiento del centro de día para mayores tiene un coste total de 314.000 euros y la Junta sólo ha puesto 15.000 euros, un 5% del coste total.

Al servicio de Teleasistencia la Junta le quitó toda la financiación, aduciendo que asumía ella la prestación del servicio. La realidad es que son los propios profesionales de los CEAS los que recepcionan, valoran las solicitudes, coordinan las altas con la empresa prestataria, recogen las incidencias y las gestionan.

Los pisos sociales del Ayuntamiento, para atención a menores o el punto de encuentro, no tienen ni un solo céntimo de contraprestación por parte de la Junta de Castilla y León, cuando es esa administración la que tiene que prestar ese servicio, mientras Marco Morala calla y pone a la Junta como ejemplo de gestión. Eso es lo que nos espera si llega a gobernar el Ayuntamiento de Ponferrada.

Olegario Ramón rechazó que se pueda hablar de acuerdo marco en materia de Servicios Sociales, porque no es un acuerdo, es una imposición de la Junta, porque al Ayuntamiento no se le permite realizar aportaciones al mismo, es un lo tomas o lo dejas, es una vergüenza.

“Dado que la Junta no cumple sus compromisos, ¿qué pasaría si los ayuntamientos dejaran de prestar esos servicios? El Ayuntamiento de Ponferrada no lo va a hacer, porque es responsable y aunque esos servicios no son competencia suya, es la administración más próxima al ciudadano y no pude desatender a las personas que lo necesitan. Por eso no se entiende que una consejera de la Junta de Castilla y León venga a recriminar a la administración que está soportando con su patrimonio y su presupuesto aquello que debiera hacer y financiar la propia administración autonómica es lamentable”.

Eso por no hablar de los engaños sucesivos de la Junta de Castilla y León a las ponferradinas y ponferradinos:
– ¿Dónde está el Centro de Especialidades?
– ¿Dónde está el colegio de La Puebla como Esuela Hogar, con un millón y medio de euros comprometidos?
– ¿Dónde está el Edificio de Usos Múltiples?
– ¿Dónde está el Servicio de Radioterapia?

“Consejera, respete un poco más a Ponferrada y a las ponferradinas y los ponferradinos. Para hacer una campaña electoral absolutamente barriobajera es mejor que se queden en Valladolid”.

Sobre el retraso que sufre el proceso de evaluación de las valoraciones de la dependencia, Ramón aseguró que hay un cierto retraso, pero se deben a un cambio de organización impuesto por la propia Junta de Castilla y León y que obliga a adaptarse a el: “Nosotros antes teníamos centralizado ese servicio, con lo que los funcionarios que se dedicaban a ello estaban especializados y los expedientes iban muy rápido”. La Junta ha obligado a descentralizar y establecerlo en todos los CEAS y algunos funcionarios han tenido que pasar por un proceso de adaptación y aprendizaje., por lo que parte de la culpa de ese retraso que denuncia la consejera es de la propia Junta de Castilla y León.

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